Delicias podría competir por la medalla de oro en cualquier concurso europeo sobre barrios masificados con sus 34.000 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). En sus apenas 3,28 km2 vive una población más cercana a los 114.000 personas que al número que se recoge en el último padrón.

Ni siquiera Hospitalet de Llobregat, donde 53.119 personas viven en el km2 más denso de Europa, podría competir porque sus otros 213.000 habitantes se distribuyen más cómodamente por más de 11 km2, siendo la media de la localidad barcelonesa de 20.000 habitantes por km2. Ni tampoco el distrito XVIII de París, otro de los lugares comunitarios de mayor sobrepoblación, donde 195.233 habitantes viven en algo más de seis kilómetros cuadrados, menos de 34.000 habitantes por km2.

Quizá ser uno de los barrios más populosos de Europa, con un 24% de población inmigrante de 108 países, fue la razón por la que la Fundación Cruz Blanca, una organización privada sin ánimo de lucro, decidió abrir hace cinco años y medio su principal centro de solidaridad a unos cien metros de su arteria peatonal principal.

Lo que sí es un hecho es que la crisis económica provocada por la pandemia “ha hecho acrecentar las desigualdades sociales en Delicias y los agujeros del sistema han comenzado a salir a la luz”, tal como explica Chus Martínez (51 años), la trabajadora social y coordinadora de esta entidad que beneficia a 350 unidades familiares (incluidas familias de 7 a 9 miembros sin papeles ni trabajo). Otras 240 personas ya han pedido ayuda de emergencia desde que empezó el estado de alarma hace poco más de dos meses.

El objetivo de esta organización, fundada en 2004 por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, “es favorecer la integración personal e incorporación social de las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión social, marginalidad y soledad”. Con este fin desarrollan más de una docena de programas que persiguen “dar respuesta a las necesidades más urgentes y orientación sociolaboral, formación y búsqueda de una colocación de sus beneficiarios”, explica la responsable.

Con financiación europea, estatal, autonómica y local desarrollan un programa de atención integral a personas que ejercen la prostitución y se han especializado en víctimas de trata con fines de explotación sexual. Una red de seis viviendas distribuidas por diferentes zonas de Aragón permite alojar y proteger a unas 20 víctimas.

“La emergencia sanitaria ha provocado que centenares de mujeres prostitutas se queden varadas en Zaragoza sin poder moverse, sin trabajo, sin papeles muchas de ellas, y sin recursos”, explica Marta Lasaosa (52 años), también trabajadora social y mediadora del programa O´Cambalache, centrado en los graves problemas que afectan a este colectivo.

Recuerda que Zaragoza es una zona geográfica estratégica para las mafias que utilizan a sus víctimas para moverlas a diferentes lugares en función de, por ejemplo, acontecimientos deportivos como Motorland en Alcañiz o por la llegada masiva de miles de temporeros para la recogida de la fruta. Siempre con el objetivo de mejorar sus beneficios.

Tanto Chus como Marta son muy claras en sus planteamientos y en el uso del lenguaje: “Abogamos por la abolición de la prostitución porque nos negamos a considerarla un oficio y jamás utilizamos palabras como cliente (son puteros) o trabajo (son violadas)” y subrayan que “la prostitución está muy ligada a la trata (personas compradas y vendidas), que consideramos la violencia de género más extrema, además de ser un delito condenado y perseguido por una decena de tratados internacionales y nacionales ”.

Durante el confinamiento las autoridades policiales han controlado los clubs de alterne, pero en algunos pisos los tratantes han obligado a ejercer la prostitución “abaratando precios y sin utilizar ningún tipo de protección”. Otras víctimas han visto cómo “sus deudas se iban acumulando hasta encontrarse en el desamparo total”.

Han conocido historias de “puteros que se han aprovechado de la situación para conseguir sexo por comida, violando la orden de confinamiento”. “Hemos detectado entre 50 o 60 mujeres de diferentes nacionalidades en esta situación”, asegura Marta. Muchas de ellas son indocumentadas que no se atreven a denunciar. “Nos ha sorprendido encontrar a más mujeres de las previstas y también a asiáticas que suelen estar muy escondidas y alejadas de nuestros programas”, explica Marta.

Con 25 años la joven, originaria de Guinea Ecuatorial, llegó a España hace ocho años con su bebé de nueve meses y un visado de turista con el objetivo de estudiar Enfermería. “Un primo lejano de mi padre, que ya había fallecido, formaba parte de la trama y me obligó a prostituirme durante tres años en Madrid”, explica la joven. “Me amenazaban con hacerle daño a mi hija y la maltrataban cuando yo me tenía que ir durante unos días a trabajar a otra ciudad”, cuenta entre lágrimas.

“Es muy normal utilizar las ferias o cualquier acontecimiento masivo para trasladar a las víctimas de una ciudad a otra y obligarlas a ejercer la prostitución (violaciones) durante las 24 horas del día”, cuenta Chus. En 2016 la joven se vino a vivir a Zaragoza, pero las amenazas continuaron. “Tuve que ir un fin de semana a Madrid a entregar mil euros, pero no me dejaron en paz hasta que en octubre de 2019 puse una denuncia porque deseaba superar y olvidar esta terrible fase de mi vida”, recuerda.

Cruz Blanca organizó un protocolo de protección mientras la policía investigaba y el juez resolvía su caso. Cambio de teléfono, dejo de salir en las redes sociales y justo 20 días antes del inicio del confinamiento recibió el permiso de residencia y de trabajo. “Qué emocionante fue ese día aunque ahora tiene que encontrar un trabajo antes de un año para que le renueven el permiso”, dice Marta obsesionada en los últimos días con abrir una cuenta para la joven guineana en la pueda recibir las ayudas públicas, un tarea terriblemente complicada cuando no tienes un salario fijo.

Se queja de que el sistema español no establece una protección integral de la víctima. Si no consigue un contrato laboral de 40 horas, perderá la residencia en un año y volverá a estar en situación irregular.

Otra víctima de trata es Max, brasileño de 38 años que llegó a España hace 16 años después de pagar 8.000 euros a un mafioso. Tuvo que prostituirse para pagar la deuda hasta que decidió denunciar a su tratante. La policía le ayudó a organizar un encuentro con él pero no se presentó y consiguió huir a Brasil.

“Gracias a esta denuncia se me ha otorgado un año de residencia pero sin permiso de trabajo por lo que mi situación sigue siendo irregular”, explica Max. “Sin herramienta de trabajo, ¿de qué puedo vivir?”, se pregunta. Cáritas le ayuda a pagar los 200 euros que cuesta el alquiler de la habitación en la que vive y ya ha solicitado el Ingreso Aragonés de Inserción.

Con el apoyo de otras organizaciones aragonesas, han detectado, identificado y reconocido a 18 mujeres en situación de trata y hoy acompañan a otras seis personas con procesos de investigación abiertos.

Delicias podría competir por la medalla de oro en cualquier concurso europeo sobre barrios masificados con sus 34.000 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). En sus apenas 3,28 km2 vive una población más cercana a los 114.000 personas que al número que se recoge en el último padrón.

Ni siquiera Hospitalet de Llobregat, donde 53.119 personas viven en el km2 más denso de Europa, podría competir porque sus otros 213.000 habitantes se distribuyen más cómodamente por más de 11 km2, siendo la media de la localidad barcelonesa de 20.000 habitantes por km2. Ni tampoco el distrito XVIII de París, otro de los lugares comunitarios de mayor sobrepoblación, donde 195.233 habitantes viven en algo más de seis kilómetros cuadrados, menos de 34.000 habitantes por km2.

Quizá ser uno de los barrios más populosos de Europa, con un 24% de población inmigrante de 108 países, fue la razón por la que la Fundación Cruz Blanca, una organización privada sin ánimo de lucro, decidió abrir hace cinco años y medio su principal centro de solidaridad a unos cien metros de su arteria peatonal principal.

Lo que sí es un hecho es que la crisis económica provocada por la pandemia “ha hecho acrecentar las desigualdades sociales en Delicias y los agujeros del sistema han comenzado a salir a la luz”, tal como explica Chus Martínez (51 años), la trabajadora social y coordinadora de esta entidad que beneficia a 350 unidades familiares (incluidas familias de 7 a 9 miembros sin papeles ni trabajo). Otras 240 personas ya han pedido ayuda de emergencia desde que empezó el estado de alarma hace poco más de dos meses.

El objetivo de esta organización, fundada en 2004 por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, “es favorecer la integración personal e incorporación social de las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión social, marginalidad y soledad”. Con este fin desarrollan más de una docena de programas que persiguen “dar respuesta a las necesidades más urgentes y orientación sociolaboral, formación y búsqueda de una colocación de sus beneficiarios”, explica la responsable.

Con financiación europea, estatal, autonómica y local desarrollan un programa de atención integral a personas que ejercen la prostitución y se han especializado en víctimas de trata con fines de explotación sexual. Una red de seis viviendas distribuidas por diferentes zonas de Aragón permite alojar y proteger a unas 20 víctimas.

“La emergencia sanitaria ha provocado que centenares de mujeres prostitutas se queden varadas en Zaragoza sin poder moverse, sin trabajo, sin papeles muchas de ellas, y sin recursos”, explica Marta Lasaosa (52 años), también trabajadora social y mediadora del programa O´Cambalache, centrado en los graves problemas que afectan a este colectivo.

Recuerda que Zaragoza es una zona geográfica estratégica para las mafias que utilizan a sus víctimas para moverlas a diferentes lugares en función de, por ejemplo, acontecimientos deportivos como Motorland en Alcañiz o por la llegada masiva de miles de temporeros para la recogida de la fruta. Siempre con el objetivo de mejorar sus beneficios.

Tanto Chus como Marta son muy claras en sus planteamientos y en el uso del lenguaje: “Abogamos por la abolición de la prostitución porque nos negamos a considerarla un oficio y jamás utilizamos palabras como cliente (son puteros) o trabajo (son violadas)” y subrayan que “la prostitución está muy ligada a la trata (personas compradas y vendidas), que consideramos la violencia de género más extrema, además de ser un delito condenado y perseguido por una decena de tratados internacionales y nacionales ”.

Durante el confinamiento las autoridades policiales han controlado los clubs de alterne, pero en algunos pisos los tratantes han obligado a ejercer la prostitución “abaratando precios y sin utilizar ningún tipo de protección”. Otras víctimas han visto cómo “sus deudas se iban acumulando hasta encontrarse en el desamparo total”.

Han conocido historias de “puteros que se han aprovechado de la situación para conseguir sexo por comida, violando la orden de confinamiento”. “Hemos detectado entre 50 o 60 mujeres de diferentes nacionalidades en esta situación”, asegura Marta. Muchas de ellas son indocumentadas que no se atreven a denunciar. “Nos ha sorprendido encontrar a más mujeres de las previstas y también a asiáticas que suelen estar muy escondidas y alejadas de nuestros programas”, explica Marta.

Con 25 años la joven, originaria de Guinea Ecuatorial, llegó a España hace ocho años con su bebé de nueve meses y un visado de turista con el objetivo de estudiar Enfermería. “Un primo lejano de mi padre, que ya había fallecido, formaba parte de la trama y me obligó a prostituirme durante tres años en Madrid”, explica la joven. “Me amenazaban con hacerle daño a mi hija y la maltrataban cuando yo me tenía que ir durante unos días a trabajar a otra ciudad”, cuenta entre lágrimas.

“Es muy normal utilizar las ferias o cualquier acontecimiento masivo para trasladar a las víctimas de una ciudad a otra y obligarlas a ejercer la prostitución (violaciones) durante las 24 horas del día”, cuenta Chus. En 2016 la joven se vino a vivir a Zaragoza, pero las amenazas continuaron. “Tuve que ir un fin de semana a Madrid a entregar mil euros, pero no me dejaron en paz hasta que en octubre de 2019 puse una denuncia porque deseaba superar y olvidar esta terrible fase de mi vida”, recuerda.

Cruz Blanca organizó un protocolo de protección mientras la policía investigaba y el juez resolvía su caso. Cambio de teléfono, dejo de salir en las redes sociales y justo 20 días antes del inicio del confinamiento recibió el permiso de residencia y de trabajo. “Qué emocionante fue ese día aunque ahora tiene que encontrar un trabajo antes de un año para que le renueven el permiso”, dice Marta obsesionada en los últimos días con abrir una cuenta para la joven guineana en la pueda recibir las ayudas públicas, un tarea terriblemente complicada cuando no tienes un salario fijo.

Se queja de que el sistema español no establece una protección integral de la víctima. Si no consigue un contrato laboral de 40 horas, perderá la residencia en un año y volverá a estar en situación irregular.

Otra víctima de trata es Max, brasileño de 38 años que llegó a España hace 16 años después de pagar 8.000 euros a un mafioso. Tuvo que prostituirse para pagar la deuda hasta que decidió denunciar a su tratante. La policía le ayudó a organizar un encuentro con él pero no se presentó y consiguió huir a Brasil.

“Gracias a esta denuncia se me ha otorgado un año de residencia pero sin permiso de trabajo por lo que mi situación sigue siendo irregular”, explica Max. “Sin herramienta de trabajo, ¿de qué puedo vivir?”, se pregunta. Cáritas le ayuda a pagar los 200 euros que cuesta el alquiler de la habitación en la que vive y ya ha solicitado el Ingreso Aragonés de Inserción.

Con el apoyo de otras organizaciones aragonesas, han detectado, identificado y reconocido a 18 mujeres en situación de trata y hoy acompañan a otras seis personas con procesos de investigación abiertos.

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