Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida-Equo) ha ampliado ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que formalizó en noviembre pasado el portavoz del grupo, Ramón Trujillo, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación del cantante Juan Luis Guerra y del grupo Orishas para que actuaran en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Dicha contratación la llevó a cabo la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento chicharrero, entonces gestionada por Coalición Canaria. El multitudinario concierto se celebró en marzo de 2019, dentro de los actos de Carnaval de la capital tinerfeña.

La concejala de Unidas Podemos, Dolores Espinosa, y la abogada Sandra Rodríguez han acudido este lunes, 13 de enero, al Palacio de Justicia para realizar este trámite, mediante el que se ponen en conocimiento de la Fiscalía nuevos datos que se añaden a los indicios de irregularidades en un expediente que supuso el pago de  501.000 euros de dinero público.

Según explica Unidas Podemos, entre los hechos que figuran en la ampliación de la denuncia se detalla que en Santa Cruz de La Palma Orishas cobró por una actuación 26.234 euros menos (un 55% menos) que en la capital tinerfeña apenas una semana antes de hacerlo en el Carnaval chicharrero, junto a Juan Luis Guerra. Según indica el partido en un comunicado, "resulta además relevante que, pese a que solo transcurrieron siete días entre una actuación y otra y que este grupo se hallaba de gira, se abonaron 6.390 euros por gastos de vuelos, 3.386 en alojamientos y 3.088 en seguros de viaje y visados".

El expediente se inició para contratar a los artistas a través de Radio Club, que ostentaba la exclusividad, por 88.000 euros menos que los finalmente pagados, pero dos días después se contrató, sin pliego que diera cobertura legal, con Alfredo Moré, que también dijo ser el representante exclusivo de los artistas, y que era "un perfecto desconocido”, quien no acreditó ni la exclusividad, ni su solvencia económica, que era uno de los requisitos de la contratación. Además, indica Unidas Podemos, "se le abonó el dinero sin presentar factura alguna, de las que aún hoy no consta que existan en poder del Ayuntamiento".

En La Palma, según expone la abogada Sandra Rodríguez, a diferencia de en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de la capital palmera le exigió a la empresa representante de los artistas un documento firmado por la oficina del grupo representado para acreditar esa función. Cosa que no ocurrió, o no se ha acreditado que ocurriera, en Santa Cruz de Tenerife.

Solo el importe que se pagó en Tenerife por el caché de Orishas, 45.000 euros, es mayor que todo el contrato de La Palma sin IGIC, 44.247 euros, a pesar de que en el expediente del Ayuntamiento palmero también se incluyen gastos de “vuelos, estancias, transportes internos, dietas y catering”.

La cuantía que desembolsó el consistorio de Santa Cruz de La Palma es similar a la que pagó, cuatro meses antes, el Ayuntamiento de Tuineje por la actuación de Orishas y que ascendió a 42.800 euros.

Por último, cabe mencionar que en 2015, durante las fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves, el concierto de Juan Luis Guerra tuvo un coste aproximado de 170.000 euros, de los que 125.000 se correspondían al precio del caché del artista, una cuantía muy por debajo de los 427.837 euros que pagó el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife en 2019.

Se da la circunstancia, indica Unidas Podemos, de que la investigación interna que lleva a cabo el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por mandato de su alcaldesa actual, Patricia Hernández (PSOE), ha podido comprobar que "no existe ni una sola factura para justificar el más de medio millón abonado por aquel concierto del Carnaval de 2019", según ha publicado Diario de Avisos.

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