La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa relacionados con la construcción de una promoción de 25 viviendas en el municipio de Candelaria. El Ministerio Público solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de seis personas, entre las que figuran el exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos (PSOE) y Carlos Plasencia, hijo del empresario Antonio Plasencia, en prisión por su participación en la trama de Las Teresitas.

La denuncia de la Fiscalía, en la que también se señala a varios técnicos municipales y al arquitecto que redactó el proyecto, desenreda una madeja de expedientes administrativos entre los que se ocultan presuntas actuaciones delictivas vinculadas con la autorización de una promoción urbanística que invade suelo rústico y parte del barranco de Aroba, ubicado justo al lado de las viviendas que construyó Promotora Puntalarga SA, la empresa de cabecera de la familia Plasencia y que el Ministerio Público también señala como presunta responsable, como persona jurídica, de un delito contra la ordenación del territorio.

Uno de los técnicos municipales señalados en la denuncia, José Julio Bastarrica, que según la Fiscalía "omitió intencionadamente" en sus informes que parte de la urbanización ocupaba suelo rústico, trabajó seis años después para la empresa a la que favoreció. Mírame Televisión informa de que según consta en el expediente de las obras de un edificio de seis viviendas y 34 plazas de garaje en la zona de La Ninfa, en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento capitalino concedió la licencia de legalización de estructura y cerramiento a Promotora Puntalarga SA "con sujeción al proyecto redactado por Estudio de Arquitectura Bastarrica y Asociados SL" en abril de 2008, la sociedad de la que es administrador único el propio José Julio Bastarrica.

Una circunstancia a la que se suma que el exconcejal de Urbanismo de Candelaria Domingo Ramos ya fue condenado, junto con el exalcalde Gumersindo García, por adjudicar las obras de reforma del campo de fútbol de Barranco Hondo a la empresa Promotora Puntalarga SA sin respetar los procedimientos que establece la legislación, al fraccionar los contratos para evitar que la obra saliera a concurso público. La sociedad de cabecera de la familia Plasencia llegó a presentar facturas por valor de 324.000 euros, aunque el Ayuntamiento solo pagó 243.000 euros tras las advertencias que en 2009 realizó el interventor municipal.

En el caso que ahora denuncia la Fiscalía, el relato de los hechos no es sencillo, dado que el Ayuntamiento de Candelaria abrió hasta ocho expedientes distintos para tramitar los permisos solicitados por Carlos Plasencia, que actuó en representación de Promotora Puntalarga. Aunque todo el procedimiento administrativo arrancó en 2001, la tramitación se prolongó a lo largo de más de una década y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía a finales de 2017, lo que motivó la apertura de una investigación preliminar del Ministerio Público, que culminó con la denuncia presentada el pasado mes de octubre de 2019. Según el Ministerio Público, no consta el certificado final de obra, pero las viviendas se encuentran habitadas en la actualidad.

La primera licencia administrativa fue solicitada al Ayuntamiento por Carlos Plasencia en 2001, lo que motivó que el arquitecto municipal José Julio Bastarrica elaborara un informe en el que, según señala la Fiscalía en su denuncia, el técnico "no describe la clasificación ni categorización del suelo sobre el que se proyecta la ampliación", a pesar de que las Normas Subsidiarias vigentes establecían que la urbanización ocupaba un total de 1.910 metros cuadrados de suelo rústico. La única advertencia que realizó entonces el funcionario fue que el proyecto excedía "del fondo edificable según la alineación que se acompaña".

Tras modificar el proyecto básico, que pasó de 22 a 25 viviendas adosadas, Carlos Plasencia volvió a solicitar la licencia administrativa y, nuevamente, el arquitecto municipal José Julio Bastarrica emitió un informe en el que omitió, otra vez, la categorización del suelo. En el documento se explica de que "se comprobará obligatoriamente la alineación por parte de la Oficina Técnica Municipal antes de comenzar la obra", a pesar de que, bajo criterio de la Fiscalía, para solicitar el permiso "era obligatorio presentar el acta de replanteo y retranqueos (acta de alineación)".

En este segundo informe del técnico municipal, fechado el 5 de marzo de 2002, se recuerda que los promotores "deberán solicitar y obtener el permiso del Consejo Insular de Aguas", por cuestiones vinculadas al saneamiento de las viviendas y por estar afectada la urbanización por su proximidad al barranco de Aroba. Un día después, la Técnico de la Administración General del Ayuntamiento, a quien también señala la Fiscalía como presunta responsable, emitió una propuesta de resolución que elevó al entonces concejal de Urbanismo, que concedió por decreto la licencia el mismo 6 de marzo. Al igual que el arquitecto municipal, en el dictamen jurídico se obvia la incompatibilidad del proyecto con la catalogación del suelo.

Licencias

El primer permiso que concedió el Ayuntamiento de Candelaria no autorizaba la realización de los trabajos, por lo que en abril de 2002, Carlos Plasencia solicitó la licencia de obra. El 13 de agosto, el arquitecto municipal emitió su tercer informe, en el que, una vez más, "omite deliberadamente la clasificación y categorización del suelo", según la denuncia, aunque volvió a establecer una serie de condiciones especiales vinculadas con la alineación del proyecto y el saneamiento de la urbanización. La Fiscalía destaca que el técnico "ya no informa deliberadamente sobre la obligación de solicitar y obtener autorización del Consejo Insular de Aguas, máxime cuando la actuación linda con el barranco de Aroba".

En la misma línea, la Técnico de la Administración General del Consistorio de Candelaria elaboró un informe jurídico favorable a la concesión de la licencia de obra a Promotora Puntalarga SA, lo que tuvo lugar mediante decreto del concejal Domingo Ramos el 19 de agosto de 2002. En el documento se estableció que el permiso "caducaría a los seis meses de la fecha de su notificación si no se hubieran iniciado los trabajos o cuando comenzados dentro del plazo indicado no se terminen a los dos años de haberse concedido".

A pesar de contar con la licencia para iniciar los trabajos, las obras no arrancaron. En los expedientes municipales hay un vacío que no se llena hasta el 15 de noviembre de 2006, cuando una representante de Promotora Puntalarga SA solicita que no se emita certificado de caducidad de la licencia de 2002. En este contexto, tal y como relata la denuncia de la Fiscalía, la secretaria accidental del Ayuntamiento y el concejal Domingo Ramos, "incumpliendo su obligación de iniciar y tramitar de oficio la caducidad (...) en beneficio de la promotora emiten una certificación" en la que concluyen que el permiso "conserva su efectividad".

Un trámite que se volvió a repetir tres años después, cuando Carlos Plasencia solicita, de nuevo en nombre de Promotora Puntalarga SA, un certificado de no caducidad de la licencia. El 4 de diciembre de 2009, la jurista municipal confirmó que el permiso "mantiene su vigencia", sin advertir de que "tras haber pasado siete años desde la concesión, lo que procedía era iniciar y tramitar un expediente de caducidad", como alerta la Fiscalía Provincial.

En ambos casos, los criterios urbanísticos habían sido modificados tras derogar el Plan General de Ordenación de 2007 las anteriores Normas Subsidiarias. El nuevo planeamiento aumentaba el suelo rústico afectado por la urbanización a 2.851 metros cuadrados. La Fiscalía, además del incumplimiento que genera la vulneración de la catalogación del suelo, también incide en que "no consta que la promotora comprobara el replanteo de la obra antes de su comienzo, ni que se hubiera cumplido con la autorización obligatoria del Consejo Insular de Aguas".

La posición del Ayuntamiento comenzó a cambiar en diciembre de 2010, cuando una arquitecta municipal emitió un informe en el que advirtió de que la promoción de viviendas se asentaba en parte sobre suelo rústico, lo que había omitido José Julio Bastarrica. La representante del Ministerio Público hace hincapié en que "no consta que tras este informe se instara alguna medida de protección de la legalidad urbanística".

A la Fiscalía le llama la atención que el 9 de mayo de 2013, once años después de que se concediera la licencia urbanística y tras las presiones políticas de la oposición por los perjuicios que causaban las obras a un restaurante aledaño, el propio Bastarrica emitió un nuevo informe técnico en el que, esta vez sí, advertía de que el suelo, además de urbano, también estaba catalogado como rústico. En ese momento, ya estaban ejecutadas un total de 15 viviendas y se habían realizado los movimientos de tierra de las diez restantes.

En la actualidad, las obras están finalizadas y parte de las viviendas habitadas, a pesar de que el Ministerio Público recuerda en la denuncia que "a día de hoy se desconoce cuando realmente empezó la obra, si fue paralizada por el Ayuntamiento, si la ejecución del proyecto se terminó y en qué fecha, ante la carencia de un certificado final de obra". También destaca la Fiscalía que el proyecto en base al que se concedió la licencia de obra en 2002 tiene un número de visado que corresponde con una fecha seis años posterior.

Además de los incumplimientos del planeamiento municipal, la actuación se asienta en una zona afectada por el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras del Tren del Sur y también ocupa la zona de servidumbre y de dominio público hidráulico, "por lo que la licencia no solo no se tenía que haber concedido, sino que tampoco se podría informar favorablemente, tanto técnica como jurídicamente, a su concesión".

Junto a la petición de la declaración como investigados del exconcejal de Urbanismo, de los tres técnicos municipales que omitieron los incumplimientos del proyecto en sus informes, de Carlos Plasencia y del arquitecto de Promotora Puntalarga SA; la Fiscalía solicita en su denuncia más documentación al Ayuntamiento de Candelaria y al Consejo Insular de Aguas; así como la elaboración de un dictamen pericial; entre otras diligencias.

La denuncia de la Fiscalía ha sido tramitada en los juzgados de Güímar, al ser el partido judicial competente para instruir la causa.

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